12.1.07

Manifestaciones, manifiestos y debilidades, I

El pasado 30 de diciembre la banda terrorista ETA voló por los aires un aparcamiento del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, asesinando a dos personas y liquidando las expectativas abiertas nueve meses atras con su anuncio de alto el fuego permanente.

La permanencia de violencia terrorista ejercida en nombre de un nacionalismo irredentista, antidemocrático, xenófobo y totalitario es la principal distorsión que presenta la España democrática, aunque desde luego no la única: una enseñanza básica pobre, un sistema universitario neoescolástico, un déficit en I+D+i escalofriante, endémicos problemas de acceso a la vivienda, precarización laboral creciente, presencia de instituciones no democráticas con un peso impropio en la política nacional, etc. Pero, aunque por sus dimensiones y repercusiones tenga un campo de acción limitado, los bienes que amenaza la violencia terrorista -vidas humanas- y el potencial de impacto emocional de su discurso aspiracional, que supone una ruptura del marco de convivencia de una sociedad política que es, conviene recordarlo, una de las más antiguas de Europa, aunque sin alcanzar las ridículas pretensiones milenarias que esgrime la derecha nacional y pese a que esto no tenga en sí otro valor que el de referente histórico -lo que repercute en la importancia psicológica que se atribuye al marco amenazado por los terroristas-, por esta razones, la utilización y la manipulación en beneficio propio de los avatares que depare la lucha contra esa actividad criminal tiene una importancia crucial y decisiva a la hora de la valoración que los ciudadanos hacemos de los encargados de la misma. Es decir, es el terreno más feraz que se puede encontrar para tratar de labrarse un futuro de poder.

Como todo aquello de impacto emotivo potente, el discurso antiterrorista afrece un flanco amplio al populismo y la expresión demagógica. Para evitar esto, en teoría, se suscribió el 8 de diciembre de 2000, a propuesta del secretario general del por entonces principal partido de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo entre las dos formaciones políticas mayoritarias, el PSOE y el PP, tras el fin de la tregua de ETA de 1998-99 y en el contexto de uno de los periódicos éxtasis soberanistas que sufre el PNV y EA -ambos hechos aparecen mencionados en el preámbulo a modo de exposición de motivos del Acuerdo-. Consta el pacto de 10 puntos, el primero de los cuales señala que "el terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista", y "Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo". En el punto 2 se señala que "de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno". Más adelante, en el apartado ocho, "PP y PSOE reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los asesinos." El noveno lo reproduzco íntegramente: El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes de éste.

Lo expuesto aquí parece medianamente razonable, aunque el espíritu general no es ni mucho menos idóneo: a las demás fuerzas políticas democráticas se las convoca a compartir estos principios, pero ni se las invita a participar en su conformación ni se les hace signatarios del acuerdo. Se les excluye de la política antiterrorista en la práctica, no se sabe muy bien por qué razón. Su carácter, por otro lado, está teñido de antinacionalismo genérico, más allá de la contingencia, de la consideración del momento actual, y se muestra inflexible con la hipotética rectificación que pudiera darse en el seno del nacionalismo democrático, cosa que de hecho se ha dado -pese al ínclito Juan José Ibarretxe-.

La Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos ha convocado una manifestación con la intención expresa de mostrar su solidaridad con las víctimas del atentado y condenar la violencia terrorista, a la que se adhirieron CCOO y UGT y a la que declararon su intención de acudir y respaldar más de dos centenares de organizaciones de diverso signo. El Partido Popular, la AVT y el Foro de Ermua no asistirán. En principio porque no se incluía en el lema de la pancarta la palabra "libertad". Después, una vez que se ha accedido a modificar el lema, que pasa a ser "Por la Paz, la Libertad, la Vida y Contra el Terrorismo", el PP ha emitido un comunicado en el que pide que se desconvoquen las manifestaciones de Madrid y Bilbao alegando "ambigüedad y falta de liderazgo del presidente del gobierno, y la ausencia de una política clara en materia de terrorismo han generado una situación de división y desconcierto en la sociedad (...)Existe una confusión generalizada (...) Se han generado polémicas en torno a los lemas y los contenidos de los manifiestos", se pide la vuelta al Acuerdo por las Libertades y se lamenta el "lamentable espectáculo de confusión y división cuyo responsable es el presidente del gobierno".
A esto hay que añadir cómo ayer, en la conferencia de presidentes autonómicos, los representantes del PP presentaron, saliéndose del orden de la reunión, un manifiesto de tres puntos, en el primero de los cuales se condenaba el atentado, en el segundo se expresaba la solidaridad con las víctimas y en el tercero, que fue el que ocasionó el rechazo de los demás asistentes, se pedía un cambio en la política antiterrorista del gobierno y una vuelta al Acuerdo de diciembre de 2000.

Esa es la situación en la que se desarrolla el espectáculo.

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