La Historia es algo serio, aunque no lo parezca.

Andamos de debates sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica, acusaciones de intentos de reescritura del pasado, de rupturas de supuestos idílicos e impecables procesos de transición y cosas así. No quiero romper mi racha de entradas breves o medio-breves, enseguida iré a lo cómico, pero antes debo señalar alguna que otra cosa. La primera es mi incomprensión por la actitud del Gobierno y el PSOE en este tema. Para lo que proponen mejor no haber hecho nada, pues lo único que podría conseguirse es dar por tratado y resuelto una cuestión esencial sin otra cosa que su mera contemplación como problema irresuelto, lo que ya está constatado sobradamente sin necesidad de refrendo legislativo. La segunda es mi convicción cada vez más asentada de que el único partido que estimo a nivel de representción parlamentaria es IU, pese a su incomprensible falla caribeña -reminiscencia de un pasado que no termina de superarse y se disfraza de romàntico antiimperialismo-: el discurso de Joan Herrera fue el único coherente y sensato en el debate parlamentario. La tercera es hacer una precisión necesaria, para calibrar los hechos y su relevancia es imperativo una denominación ajustada a la realidad -decía Sócrates que hablar impropiamente no es sólo cometer una falta en lo que se dice, sino hacer daño a las almas-: no se trata de una cuestión de memoria, ni siquiera incluso de dignidad individual de las víctimas y sus descendientes; esto concierne a la asunción del pasado, a la aceptación y reconocimiento social de las víctimas de una tragedia colectiva que no desencadenaron pero cuyas heridas sufrieron como un oprobio durante cuatro décadas para luego tragársela en aras de la "reconciliación" de la Transición, que supuso para los perdedores de la guerra que no provocaron el perdón sin olvido y, lo que lacera el espíritu democrático, sin justicia, para lo que no hay más que observar el contenido de la ley de amnistía aprobada el 14 de octubre de 1977, que si bien vació las cárceles de presos políticos -incluidos los que habían cometido delitos de sangre-, constituyó de hecho y a todos los efectos una ley de punto final para los responsables políticos del régimen anterior, surgido de un golpe de estado contra la legalidad republicana y mantenido durante cuarenta años en forma de sangrienta dictadura -para quienes gusten de las cifras concretas, estudiadas a fondo poco más de la mitad de las provincias españolas, suman casi 50.000 ejecuciones judiciales y extrajudiciales en la primera década de vida de gobierno franquista-. El mínimo desagravio pasa por la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales militares en juicios sumarísimos.

Pues al final se me ha vuelto a ir la mano.